La OIM en Costa Rica desarrolla acciones de información sobre delitos sexuales cibernéticos

 
Costa Rica
12 Mayo, 2020

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Costa Rica trabaja en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Gestión de la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) en la prevención de delitos sexuales cibernéticos en el contexto de COVID-19. En situaciones de crisis aumenta el riesgo y la exposición a la trata de personas, y en este caso, las redes sociales se pueden potenciar como medios de captación para este y otros delitos.

 

“A pesar de que estando todos en casa podríamos pensar que tenemos mayor vigilancia de los niños y niñas, las redes sociales son el lugar donde seguimos expuestos. Los delitos sexuales no paran, y Costa Rica es un país donde se ve, se produce y se exporta pornografía infantil. Por eso debemos hablar de este peligro y de la responsabilidad de los padres,” explicó Sandra Chaves Esquivel, de la Gestión de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la DGME. 

 

Parte de las acciones contempladas fue un conversatorio en vivo (Facebook Live) que se realizó el pasado 6 de mayo sobre delitos sexuales cibernéticos y recomendaciones prácticas para proteger a las personas de ser víctimas de trata de personas. En el video participaron representantes de las instituciones organizadoras expertas en la temática y la actividad se enfocó en los riesgos que pueden enfrentar niños, niñas y adolescentes en internet.

 

Entre otros temas, en la transmisión se abordaron el consentimiento y las violaciones de privacidad entre colegiales, los controles parentales para el monitoreo de las actividades de las hijas e hijos menores de edad en internet y las formas de denuncia de delitos informáticos. La transmisión tuvo un alcance de más de 33.000 personas y puede verse aquí. La estrategia continuará con una sesión sobre el mismo tema dirigida a jóvenes.

 

Esta actividad se realiza en el marco del Programa Regional sobre Migración Mesoamérica-Caribe, financiado por la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos.