Los centros educativos de Costa Rica cuentan, a partir de este jueves 29 de agosto, con el “Protocolo de actuación para la restitución de derechos y acceso al sistema educativo costarricense de las víctimas y sobrevivientes del delito de trata de personas y sus dependientes “.

Se trata de un instrumento de orientación general elaborado por el Ministerio de Educación Pública (MEP) con el apoyo técnico de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM Costa Rica), dirigido al personal docente y administrativo de la institución, con el objetivo de garantizar el acceso al sistema educativo y restituir el derecho a la educación a las personas víctimas – sobrevivientes del delito de trata de personas, y a sus dependientes.

“El lanzamiento de este protocolo representa para el MEP un paso muy importante, porque garantiza un ambiente de inclusión y no revictimización de la persona estudiante. Además, es un instrumento de orientación para el personal del MEP con el objetivo de que las personas víctimas – sobrevivientes del delito de trata de personas igual cuenten con mejores oportunidades para su desarrollo integral”, expresó Carolina Ramírez,

El protocolo fue elaborado bajo un enfoque de derechos humanos, amparado por la Ley N° 9095, Contra la Trata de Personas y su reglamento, y establece tres elementos importantes: cómo proceder ante la necesidad de restituir derechos en materia educacional, la ruta por seguir para el abordaje integral de estas situaciones y el seguimiento socioeducativo a las acciones realizadas.

Además, busca la protección integral de las personas como sujetos activos de derechos, en lugar de tomarlos como figuras pasivas por ser protegidas, y siempre considerando el interés superior de las personas menores de edad.

El delito de trata de personas es una de las formas más crueles de violación de los derechos humanos en el mundo. En Costa Rica operan diversas organizaciones criminales nacionales e internacionales que lucran de este delito, mundialmente identificado como la tercera actividad criminal más lucrativa

El Ministerio de Educación Pública (MEP) ha realizado esfuerzos para garantizar el acceso al derecho a la educación, tanto para personas menores como mayores de edad, a quienes se les ofrece diversas modalidades para continuar con sus estudios.

Estos esfuerzos se realizan con el apoyo técnico y financiero de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), en el marco del Programa Regional sobre Migración Mesoamérica – Caribe financiado por el Departamento de Estado de EE.UU.